Con más de un año de retraso España se adapta a la Directiva Whistleblowing o Whistleblower y la incorporado a nuestro ordenamiento interno a través de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
El objetivo de la ley es proteger a las personas que, en un contexto laboral o profesional, detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y la quieran comunicar ofreciendo mecanismos regulados en la misma.
Obligaciones de la Directiva Whistleblowing:
La ley determina que establecer un canal de denuncias será obligatorio para:
- Todas las empresas con 50 o más trabajadores.
- Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
- Empresas que operan en el sector financiero.
Esta normativa afecta también al Sector Público, y deberán contar con dicho canal:
- Las Administraciones Públicas.
- Los Organismos y Entidades Públicas.
- Las Autoridades Administrativas independientes y las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- Las Corporaciones de Derecho Público.
- Las Fundaciones del sector público.
- Las Universidades Públicas.
¿Cuánto tiempo tienen las organizaciones para adaptarse a la nueva normativa del canal denuncias?
La Ley entra en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, es decir, hoy, día 13 de marzo. Las empresas privadas de 50 a 249 trabajadores y los municipios de menos de 10.000 habitantes disponen de un plazo ampliado para adaptarse hasta el 1 de diciembre de 2023.
¿Cuál es el régimen sancionador de la Directiva Whistleblowing?
La normativa establece diferentes sanciones que pueden aplicarse tanto a personas físicas como jurídicas, pudiendo alcanzar los 300.000 euros y el millón de euros respectivamente en su grado de mayor gravedad.
Se contemplan infracciones de distintos grados, desde carecer del canal de denuncias, obstaculizar su funcionamiento o gestión, vulnerar el anonimato del canal o tomar represalias contra quien haya realizado una denuncia a través del mismo.
Es importante recordar que la normativa es de carácter europeo y la ley que la ha trasladado al ordenamiento jurídico español es la Ley de protección del denunciante de corrupción.
Infracciones leves:
- Envío de información de forma incompleta, o fuera de plazo de manera deliberada por parte del Responsable del Sistema a la Autoridad competente.
- Incumplimiento con la obligación de colaboración con la investigación de denuncias.
- Cualquier incumplimiento no tipificado como infracción muy grave o grave.
Infracciones graves:
- Acciones que limiten los derechos y garantías previstos en la ley, así como cualquier intento o acción que obstaculicen o traten de obstaculizar las denuncias y su seguimiento, que no tenga consideración de muy graves.
- Vulnerar las garantías de confidencialidad y anonimato previstas en la ley en denuncias leves o graves.
- Falta de adopción de medidas para garantizar la confidencialidad y secreto de las denuncias.
- La comisión de una tercera infracción leve, después de haber sido sancionado por dos infracciones leves en los dos años anteriores.
Infracciones muy graves:
- Cualquier acción que limite los derechos y garantías previstos en la ley, así como cualquier intento o acción que obstaculicen o traten de obstaculizar las denuncias y su seguimiento. También las denuncias basadas en información falta a sabiendas de ello.
- Adopción de represalias contra los denunciantes.
- Vulnerar las garantías de confidencialidad y anonimato previstas en la ley. Así como cualquier intento de revelar la identidad del denunciante anónimo.
- Vulnerar el deber de mantener secreto sobre cualquier aspecto relacionado con la denuncia.
- Una tercera infracción grave, cuando ya se ha sido sancionado mediante resolución firme por dos infracciones graves en los dos años anteriores.
- Comunicar o revelar públicamente información a sabiendas de su falsedad, en las denuncias en las que se identifique el denunciante.
Requisitos del canal de denuncias
Debido al alto grado de seguridad requerido para la información que se reciba y la obligación de realizar una investigación a todas las denuncias ya han empezado a surgir diversos proveedores que permiten externalizar parte de la gestión del canal de denuncias. Ya sea de forma interna o externa deberán siempre cumplirse los requisitos legales:
- Medidas que garanticen la identidad y confidencialidad del denunciante, del denunciado y los testigos.
- Capacidad para almacenar de forma segura y durante el tiempo necesario para realizar nuevas investigaciones la información.
- Medios: debe permitir realizar denuncias por escrito y verbales.
- El seguimiento e investigación de las denuncias deberá ser realizado por un responsable autónomo e imparcial.
- Emisión de un acuse de recibo de la denuncia en un plazo no superior a 7 días desde su recepción.
- Acceso limitado al personal autorizado.
Garantías que deben ofrecerse a los denunciantes:
- Información y asesoramiento respecto a los procedimientos y recursos a su disposición.
protección frente a posibles represalias. - Asistencia financiera y otras medidas de apoyo en el marco de un posible proceso judicial derivado de la denuncia.
- La directiva establece que los grupos de empresas, deberán tener una política general común para todas sus sociedades con un único canal de denuncia interno para todo el grupo.
Esta nueva medida va de la mano con la protección de datos y su implementación puede ser compleja en empresas de tamaño medio que están afectadas pero no cuentan con los recursos y estructura de las grandes corporaciones. Nuestro equipo puede ayudarte a adaptarte a la Directiva Whistleblowing de forma eficaz.
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